El Procurador General de Arizona Marcos Brnovich recientemente decepcionó a los Dreamers cuando decidió apelar el fallo de un juez que otorga matrículas estatales a los destinatarios elegibles de DACA. No obstante, los grupos de defensa insisten en que los Dreamers deben inscribirse en la escuela.
A principios de este año, el juez del Tribunal Superior del Condado de Maricopa Arthur Anderson ordenó que los Dreamers que califican para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) puedan ser elegibles para solicitar una matrícula estatal en las universidades del Estado de Arizona y colegios comunitarios. El Juez Anderson declaró: "La ley federal, no la ley estatal, determina quién está legalmente en los EE.UU.”
Apenas unos días después de la sentencia, la Junta de Regentes de Arizona declaró que los Dreamers que asisten a tres universidades públicas del estado fueron elegibles para la matrícula estatal.
La apelación del 1 de julio hecha por Brnovich llega casi dos meses después de la resolución del juez Anderson. Antes de las acciones de Brnovich, el ex procurador general Tom Horne demandó a la política del distrito universitario que permitió matrículas estatales a los destinatarios DACA, alegando que violaba la legislación aprobada por los votantes que niegan esas matrículas estatales a inmigrantes indocumentados. En ese momento, un juez Superior del Condado de Maricopa confirmó la política del distrito universitario.
Sin embargo, Brnovich llevó la pelea a la Corte de Apelaciones de Arizona, con el argumento de que la apelación es sobre el estado de derecho y el cumplimiento de las leyes de protección de los votantes. La apelación marcó el segundo caso con respecto a los derechos legales de los jóvenes Dreamers en el que Brnovich ha tomado una postura desde que entró su oficina. El mes pasado, presentó una apelación sobre la decisión que concede a los inmigrantes jóvenes licencias de conducir de Arizona desde el 2012, siempre y cuando sean elegibles para permisos de trabajo.
"La solicitud trata de defender la voluntad de los votantes de Arizona", dijo Ryan Anderson, el director de comunicaciones de la oficina del Procurador General. “No se trata de la inmigración. Se trata de la Proposición 300 y de cuando los votantes decidieron hace varios años que no querían extender los beneficios públicos, incluyendo la matrícula estatal a las personas que no tienen estatus legal en el estado”.
Los jóvenes inmigrantes y grupos de defensa no están de acuerdo con Horne, Brnovich o Ryan Anderson, y creyeron que la apelación era un asalto a los derechos de los jóvenes que trabajan duro.
"Es hora de que el gobernador y el procurador general Ducey Brnovich abandonen la retórica anti-inmigrante y anti-Dreamer. Esta última acción continúa el enfoque reivindicativo de los funcionarios del Estado de Arizona y su voluntad de negar a los Dreamers la capacidad de contribuir al bien de todos en el Estado, con el fin de complacer a las actitudes anti-inmigrantes", dijeron los organizadores de la Ley de Coalición de Dreamers de Arizona (ADAC) en un comunicado. "Como se ve en el litigio de licencias de conducir ADAC, los tribunales han encontrado que la decisión de permitir la matrícula estatal, fue sin duda correcta”.
ADAC afirmó que continuar le demanda es continuar gastando dinero de los contribuyentes de Arizona. ADAC se ha alineado con la lucha por la igualdad y el acceso a la educación superior para todos los habitantes de Arizona.
"Animamos a todos los estudiantes DACA a seguir inscribiéndose en la escuela, esta apelación no les quita la matrícula estatal inmediatamente. Estas tácticas de intimidación no tienen cabida en nuestra comunidad tenemos la certeza de que los tribunales estarán de nuestro lado", dijo el ADAC.
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