El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó este martes en una segunda discusión la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, un ley de amnistía para los presos por motivos políticos en el país.
La medida fue aprobada luego de un largo debate en el que la bancada chavista manifestó su fuerte rechazo al considerar que la norma beneficiará a personas que cometieron delitos graves. Según rescata El País, el presidente Nicolás Maduro prometió bloquear su aplicación, y extender aún más la discusión en torno a la nueva amnistía.
No obstante, los promotores de la nueva ley han declarado que el proyecto pretende "sentar las bases" para una eventual reconciliación nacional, luego de que el gobierno chavista haya sido acusado por opositores y autoridades internacionales de encarcelar por motivos políticos a decenas de disidentes en Venezuela.
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La nueva medida pretende sacar de la cárcel a alrededor de 76 presos y a centenares de perseguidos, además de terminar la persecución en contra de exiliados por su oposición al chavismo, que rige en Venezuela desde hace 17 años, destaca la fuente citada.
Uno de los detenidos más notorios es el opositor Leopoldo López, condenado en septiembre de 2015 a pasar 14 años en prisión bajo cargos de llamar a la violencia en las protestas de 2014, cuando miles de venezolanos se manifestaron para exigir la salida de Maduro del poder. En las protestas murieron 43 personas.
"Tenga la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero. Leyes para amparar terroristas y criminales, no pasarán. Hagan lo que hagan", expresó el presidente Maduro, quien ha advertido que hará todo lo posible por revertir la ley.
"Nosotros estamos seguros que el pueblo venezolano, junto con esta bancada de la patria, no permitirán que esta piratería criminal pueda pasar", aseguró el diputado chavista Darío Vivas, quien adelantó que su bancada no permitirá que los presos políticos puedan salir en libertad, destaca la ABC.
El presidente Maduro ha propuesto en lugar de la amnistía convocar a una "comisión de la verdad" para investigar los delitos que se imputan a los beneficiarios de la normativa.
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