Un creciente grupo de Dreamers expresan preocupaciones de que la información que suministran al gobierno con la esperanza de beneficiarse de las acciones ejecutivas de inmigración promulgadas por el Presidente Obama sea usada contra ellos.
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Dada que la reciente decisión de la Suprema Corte anuló las acciones del presidente, miles de indocumentados temen que una orden de un juez de Texas de publicar la información personal de 50,000 inmigrantes podría dejarlos vulnerables a ser deportados.
"Una de las cosas que el presidente anunció en noviembre del 2014 fue que, en lugar de periodos de dos años para la acción diferida DACA, habrían periodos de tres años", dijo Thomas Sanez, presidente y consejal general del Mexican American Legal Defense y Educational Fund (MALDEF), dijo sobre quienes se sienten más afectados. "Así que se relaciona con quienes recibieron periodos de tres años".
Sanciones al Departamento de Justicia
El Juez de Corte de Distrito, Andrew Hanenm ordenó que la información se hiciera pública como una de las sanciones que impuso al Departamento de Justicia por su manejo de un caso presentado que se oponía al mandato del presidente que eventualmente fue escuchado por la Suprema Corte.
Defensores de derechos de inmigrantes dicen que la decisión de la Suprema Corte del 23 de junio donde los jueces se atoraron 4-4 ha incrementado el riesgo de deportación para quienes están en la lista.
Saenz también insiste en que los inmigrantes que se registraron para DACA tienen toda razón para creer que la información que presentaron sería confidencial. Añadió que la orden actual del juez tiene poco que ver con el caso.
"Es castigo por lo que el Juez Hanen considera mala conducta por parte de los abogados del gobierno federal", dijo. "Así que, la pregunta es si es una sanción apropiada contra los abogados y claramente no lo es".
Saenz razonó que obligar al Departamento de Justicia a entregar información sería inconstitucional y promete inmediatamente presentar una apelación si la orden del juez es mantenida.
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