First Posted: Oct 22, 2014 06:43 PM EDT

La Policía Federal mexicana asumió el control de la vigilancia y la seguridad pública en 13 municipios de Guerrero y uno en el Estado de México, en sustitución de policías municipales y locales, quienes se han visto relacionados en los últimos meses en escándalos por su presunta colaboración con el crimen organizado.

Desde este domingo, las Fuerzas Federales tomaron el control de la seguridad en los municipios de de Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala en el estado de Guerrero, destacó el diario mexicano El Universal.

Mientras tanto, el el Estado de México, el municipio de Ixtapan de la Sal también fue tomado por las fuerzas federales este domingo, ante la posibilidad de que la policía municipal tenga nexos con el crimen organizado en la región.

El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, declaró que el despliegue federal en estos municipios es adicional al existente en las localidades de Iguala y Cocula, en donde hace tres semanas desaparecieron 43 estudiantes normalistas presumiblemente arrestados por elementos de la policía municipal, destacó el diario 20 minutos.

En los municipios de Guerrero y del Estado de México en los que ha entrado la Fuerza Federal, los agentes municipales serán desarmados e investigados para destacar o confirmar su presunta relación con el crimen organizado.

En esta intervención participaron distintas divisiones de la Policía Federal, así como del Ejército mexicano y la Marina Armada de México.

Monte Alejandro Rubido dijo a El Universal que desde la noche del sábado se desarmó a los policía locales y se les decomisaron sus aparatos de radiocomunicación. Los policías municipales serán trasladados a la Sexta Región Militar en Tlaxcala, donde serán sometidos a evaluaciones de control y confianza y "se harán valoraciones sobre su actuación y responsabilidades", indicó el comisionado de Seguridad, quien además indicó que se estudiará si las armas de los oficiales fueron utilizadas en algún delito.  

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