Colombia se ha convertido en el primer país de América Latina en prohibir por un año la portación de armas de fuego a nivel nacional, en un esfuerzo por disminuir la violencia que azota a la nación.
El gobierno de Colombia confirmó esta semana que la prohibición es una extensión de una medida dispuesta entre el 23 de diciembre de 2015 y el 31 de enero de 2016. Impulsada por el presidente Juan Manuel Santos, la extensión prohíbe completamente el porte de armas en el país durante 2016.
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"Tal determinación nos debe contribuir a seguir reduciendo el delito y, principalmente, los crímenes", aseguró el presidente Santos, quien siguió el ejemplo de soluciones similares que se han implementado en otras naciones en el pasado.
En el año 2003, Brasil adoptó una ley que prohibió la portación de armas de forma permanente, con algunas excepciones, sin embargo, en dicho caso la medida no resultó como se esperaba. Un informe de las Naciones Unidas dio a conocer que las muertes por armas de fuego alcanzaron en 2012 las cifras más altas en toda la historia de Brasil.
El gobierno colombiano ha optado por una medida más dura que la de Brasil, y el presidente Santos ha informado que durante la primera fase del plan, Colombia registró hasta el 20 de enero pasado un descenso del 13% en el número de asesinatos por arma de fuego con respecto al mismo periodo de 2014.
Según rescata la BBC, en Colombia existían 500,000 permisos de portación de armas, y 400,000 mil de tenencia. Alrededor de una autorización por cada 53 habitantes. Con la nueva medida, todos los permisos se volverán de tenencia, por lo que las personas ya no podrán llevar armas en las calles, y sólo podrán mantenerlas en sus propiedades.
Más de 2 millones de armas ilegales
El Centro de Estudios para Análisis de Conflictos (CEAC) ha informado que en Colombia podrían existir hasta 2,5 millones de armas ilegales, una cifra que incluye las que están en manos de la guerrilla, de grupos paramilitares, bandas criminales y otros delincuentes, destaca la BBC.
Con la nueva medida, las excepciones serán sumamente reducidas y aplicarán en el caso de empresas de vigilancia, esquemas de seguridad del sector público y ciudadanos que comprueben que las necesitan.
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