El gobierno federal de México se comprometió este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a reorientar sus políticas migratorias ante los números reportes de abusos y maltratos que padecen cientos de migrantes en manos de la policía y el crimen organizado durante su travesía por suelo mexicano rumbo a los Estados Unidos.
De acuerdo con el diario mexicano El Universal, el compromiso del gobierno federal se ha emitido en respuesta a un informe de la CIDH respecto a los derechos de los migrantes en los que se señala a México por criminalizar a las personas que abandonan sus países y ponerlos en una situación de alta vulnerabilidad.
El reporte de la CIDH, redactado por el relator especial Felipe González, fue el resultado de una visita realizada en julio de 2011, y en el mismo se incluye información que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recabo entre los años 2008 y 2013.
A través de un comunicado de prensa, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SER) y de Gobernación se comprometieron a "fortalecer las capacidades de las autoridades migratorias e involucrar a la sociedad civil en la formulación, diseño e implementación de políticas públicas en la materia", según rescata el Universal.
Entre otras cosas, la administración mexicana se comprometió a promover políticas que brinden oportunidades a quienes intentan migrar, a quienes decidan permanecer en sus países de origen, así como a facilitar los flujos regulares, garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y a permitir la atención de grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
En México, se han denunciado varios atentados y crímenes en contra de personas migrantes, principalmente a manos del crimen organizado, como las dos masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, la primera de ellas en agosto de 2010 donde se descubrieron 72 centroamericanos ejecutados y la segunda registrada el 6 de abril, cuando fueron encontrados 193 cadáveres, destaca el diario citado.
La CIDH consideró que las indagatorias por estos crímenes constituyen una respuesta "muy débil", por parte de las autoridades mexicanas.
