La presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue formalmente imputada este viernes por el supuesto encubrimiento de iraníes en la investigación sobre el atentado a la mutual judía AMIA en 1984, ataque terrorista que causó la muerte de 85 personas, informaron medios locales.
La denuncia efectuada por el fallecido fiscal Alberto Nisman ha sido validada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien decidió imputar este viernes a la presidenta argentina por la acusación que Nisman hizo cuatro días antes de su misteriosa muerte, destacó esta mañana un reporte de The Associated Press, citado por The Huffington Post.
La decisión de Pollicita sienta las bases para un examen minucioso de la investigación que el fiscal Alberto Nisman construía antes de ser encontrado sin vida el pasado 18 de enero.
Antes de su muerte, todavía sin aclarar, Nisman acusó a la presidenta Fernández, al canciller Héctor Timerman y a otros funcionarios de haber encubierto a Irán por el mortal atentado a la mutual judía AMIA de Buenos Aires en 1994.
Aunque nadie ha sido condenado por estos actos, Irán siempre ha sido sospechoso de estar detrás del atentado. Una semana antes de ser encontrado sin vida, Nisman dijo que la presidenta Fernández quiso encubrir el atentado y normalizar las relaciones con Irán para comerciar granos argentinos de petróleo iraní. Sin embargo, no logró explicar estas acusaciones ante un Tribunal debido a su prematura muerte, rescató Fox Latino News.
Un mes después, Gerardo Pollicita, el funcionario que heredó el caso de alto perfil contra la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, reinició una investigación el pasado viernes en un hecho que ha sorprendido a los ciudadanos argentinos.
"Una investigación se inició con la mirada puesta en sustentar las acusaciones... y si los responsables puede ser considerados penalmente responsables", explicó Pollici en un documento, citado por The Independent.
De acuerdo con el mismo diario, el portavoz presidencial, Aníbal Fernández, dijo este viernes en declaraciones a la prensa que seguir con el caso fue una jugada para desestabilizar la democracia. Y agregó que: "No tiene ningún valor legal. No importa".
