La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró este lunes "grupos terroristas" a las dos pandillas más temidas del país: la Mara Salvatrucha (M 13) y Barrio 18.
De acuerdo con un reporte de la BBC, la decisión de la Corte Suprema detalla que el mismo calificativo será aplicado a cualquier otra pandilla que "busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella".
La decisión, sin precedentes, se tomó en medio de la escalada de violencia que El Salvador ha vivido en los últimos meses, lo que ha llevado a una crisis de seguridad en el país centroamericano. Por tal motivo, la Corte Suprema declaró que los jefes, miembros, colaboradores, apologistas y fiancistas de las pandillas serán considerados "terroristas", lo que llevaría a elevar las penas en su contra.
La decisión también se da a conocer días después de que se registrara la semana más violenta del siglo en El Salvador, en la que 220 personas murieron asesinadas por miembros de las pandillas, y cuando reportes de las autoridades indican que se ha superado los niveles de violencia de Honduras, destacó el portal Etcétera.
Según rescata el mismo medio, el Instituto de Medicina Legal del país dio a conocer que en lo que va del año más de tres mil 828 salvadoreños han muerto víctimas de la violencia, de los cuales la mayoría son civiles, 42 policías y 16 militares.
Con la resolución tomada este lunes, la Suprema Corte del país ha ordenado a la Asamblea Legislativa que dentro de un plazo máximo de 6 meses, se deberá adecuar la pena máxima a los pandilleros a 60 años de cárcel, como estipula el Código Penal salvadoreño en materia de terrorismo, destacó El Comercio en su portal web.
La nueva decisión de la Corte Suprema deja fuera una posibilidad de tregua entre las pandillas y el gobierno, como la que se firmó en el año 2012.
"No resulta admisible desde las bases del Estado Constitucional de Derecho, el uso de mecanismos para-jurídicos que impliquen negociaciones con el crimen en general, y menos con el crimen organizado, bajo las condiciones de reducir los índices delincuenciales a cambio de beneficios que no encajan en el marco normativo penitenciario que informa la finalidad de la pena, o a cambio de dejar sin efecto la vigencia y aplicación de la legislación penal", se pudo leer en la sentencia de este lunes, según destaca la BBC.
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