El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos descartó este miércoles la deportación de 11 millones de indocumentados que viven en el país, y presentó un proyecto para aclarar sus trámites de legalización.
"No vamos a deportar a 11 millones de personas", comentó Jeh Johnson, secretario de Seguridad Nacional durante la conferencia anual del Caucus Hispano del Congreso en la ciudad de Washington.
"Queremos dar la oportunidad de tener un permiso de trabajo, pagar impuestos y legalizar a aquellos que han estado en el país por más de cinco años, que tienen hijos ciudadanos o residentes permanentes", agregó. En el mes de septiembre, Johnson informó que Estados Unidos otorgó la ciudadanía a 40,000 personas.
También precisó que los planes de deportación de indocumentados estarán centrados en aquellos que han cometido delitos graves.
Según Johnson, la cifra de expatriados ha disminuido con los años. Así, en el año fiscal 2012 habían sido removidas 409,000 personas contra los 315,000 de 2014. "Puedo anticipar que para 2015 la cifra será mucho menor".
Johnson también desestimó las promesas del candidato republicano Donald Trump durante la campaña presidencial, según la cual al ganar devolverá a sus países a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y levantará un muro en la frontera para evitar nuevas entradas irregulares al país en tan sólo dos años.
"Como nación soberana debemos proteger nuestras fronteras, pero construir un muro no es la respuesta", comentó.
El Departamento de Seguridad Nacional también presentó un proyecto de resolución que pretende aclarar el significado de "dificultad extrema" para los trámites de esposos e hijos de ciudadanos o residentes permanentes que han vivido en el país por más de un año sin la debida documentación.
Al alegar la "dificultad o sufrimiento extremo", los familiares podrían eventualmente volver al país con un estatus legal. De lo contrario, sin la debida documentación, les aplicaría la denominada Ley del Castigo.
Dicha ley, aprobada por el Congreso en 1996, señala que si un inmigrante permanece más de 180 días sin papeles en EE.UU tendrá que salir por tres años y no podrá regresar. Para aquellos que se quedan por más de 365 días o un año el castigo se eleva a 10 años.
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