La Corte Suprema concedió ayer una extensión de ocho días para que Texas presente sus argumentos en la batalla judicial contra una acción ejecutiva del presidente Barack Obama que pretende proteger la deportación de unos 5 millones de indocumentados.
El estado de Texas había solicitado una extensión de 30 días, un lapso superior al que conceden los reglamentos judiciales, para poder responder. De haber sido concedido ese plazo, la Corte Suprema no hubiera podido tomar una decisión para la última reunión anual de magistrados de 2016.
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La decisión sobre la audiencia se produciría en enero, lo suficientemente pronto como para las argumentaciones verbales en abril, con una decisión dos meses después, en la primera mitad de 2016.
Si los jueces toman el caso y fallan a favor de Obama de aquí a junio, el gobierno tendría siete meses para comenzar a implementar el programa antes de llegar al final del periodo presidencial.
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El amparo migratorio incluye la acción diferida para los padres de nacidos en Estados Unidos (DAPA por sus siglas en inglés) y la extensión de la acción diferida para los llegados en la infancia (DACA por sus siglas en inglés). Ambas buscan proteger de la deportación a más de cinco millones de indocumentados de los 11 millones que viven en el país.
Una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos y liderados por Texas, había solicitado a la Corte Suprema tiempo adicional para formular sus argumentos contra el alivio migratorio de Obama, que catalogan como inconstitucional.
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