La Presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha comenzado una batalla para defender su carrera política, una vez que el jefe de los diputados, Eduardo Cunha, aceptó promover un juicio con miras a su destitución por graves irregularidades fiscales cometidas desde 2014.
Después de meses de maniobras, los procedimientos de remoción fueron empujados hacia adelante por su némesis político, Eduardo Cunha, mientras Brasil se deslizaba más profundamente en una crisis que ha paralizado la toma de decisiones, incluso mientras la economía sufre su peor recesión desde la Gran Depresión del siglo XX.
ARTíCULO RELACIONADO: 2015 Será El Peor Año Para Latinoamérica Desde La Recesión Mundial
La noche del miércoles, Cunha dio luz verde a un movimiento de oposición contra la primera presidenta del país para ser removida de su cargo por acusaciones de haber incumplido leyes fiscales al maquillar los resultados antes de su reelección el año pasado.
"Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño", declaró Rousseff, en un muy breve pronunciamiento en el Palacio presidencial de Planalto tras conocerse la decisión.
Cunha pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) el cual lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, el primero en la línea sucesoria en caso de una destitución de la mandataria.
Sin embargo, Cunha se enemistó con Rousseff durante ese año y hace meses anunció su decisión "personal" de pasar a engrosar las filas de la oposición.
ARTíCULO RELACIONADO: Cae Aprobación De Dilma Rousseff, Mayoría A Favor De Juicio Político, Según Encuesta
El jefe de los Diputados anunció su decisión precisamente el día en que el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, informó que apoyará la apertura de un proceso que puede despojarla de su mandato por sus implicaciones en las corruptelas detectadas en la petrolera estatal Petrobras.
A su defensa, Rousseff aludió a ello en su declaración al citar que en los últimos días hubo conjeturas en la prensa sobre una posible negociación del PT, que negaría apoyo al juicio contra Cunha a cambio de que este no aceptara el proceso contra la mandataria.
"Jamás aceptaría" negociaciones de esa naturaleza y "mucho menos si atentan contra el libre funcionamiento de las instituciones y los principios éticos que deben gobernar la vida pública", declaró la presidenta.
El pedido aceptado por Cunha se refiere a unas deudas por 57 mil millones de reales (unos 14 mil 805 millones de dólares) que el Gobierno ha acumulado con la banca pública y que hasta ahora no habían sido contabilizadas en los balances oficiales.
Estas son consecuencia de que el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
El Tribunal de Cuentas ha considerado que el Gobierno incurrió en "irregularidades graves" al dejar acumular esas deudas y valerse de los recursos de la banca pública para garantizar el pago de sus compromisos legales.
Rousseff cuenta con una amplia base parlamentaria, pero de la que se encuentra distanciada a raíz del impacto de la investigación en Petrobras, que salpica a medio centenar de políticos, en su mayoría oficialistas, y un impopular paquete de ajuste fiscal con el que intenta atajar la grave crisis económica del país.
No te olvides de comentar con nosotros en la página principal de Facebook y seguirnos también en Twitter.
