Con 112 parlamentarios escogidos por votación popular, la oposición venezolana consiguió reconquistar espacios donde se había mantenido firme el oficialismo, calando en los sectores populares logrando obtener la mayoría de los curules para el próximo periodo de la Asamblea Nacional que comenzará en los primeros meses del 2016.
Uno de los retos que capitalizó los votos fue dar respuestas a las problemáticas que no han logrado resolverse en la gestión actual y que afectan a la mayoría del pueblo venezolano, como lo son la inseguridad y escasez de productos alimenticios y de higiene personal.
El Secretario General de la fracción política que apoyó a los ganadores que integran diferentes partidos políticos denominados Mesa de la Unidad (MUD) Jesús Torrealba, declaró que entre las principales políticas que impulsarán los diputados será la reconciliación nacional de las dos fracciones políticas del país y lograr brindar apoyo a la producción nacional para restablecer los canales de producción para surtir de productos los establecimientos para solventar en sus propias palabras: "la urgencia económica y social del país".
Los electos diputados plantean buscar mecanismos que permitan crear una ley de amnistía para liberar a quienes reconocen como presos políticos, que actualmente se encuentran detenidos por su participación en la revueltas sociales del pasado año que pedían la salida del Presidente de su cargo.
Por su parte el presidente de la Republica Nicolás Maduro aceptó los resultados de las elecciones emitidos por el Consejo Nacional Electoral afirmando que esto representa un despertar para su tolda política invitando a sus seguidores a una ofensiva popular que garantice la victoria del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV) en las próximas elecciones de Gobernadores el próximo año.
Después de más de 14 años en el poder, el mayor cambio que se gestó dentro de la política nacional, fue romper con la hegemonía del PSUV en la representación legislativa, logrando así oportunidades que les permite desde reformular, sancionar e impulsar leyes que permitan solucionar los problemas económicos, políticos y sociales hasta interpelar la administración y trabajo de empresas, ministerios e instituciones del Estado.
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