La Corte Suprema resolvió que, a través del Gobierno chileno, se pida a la Corte Interaméricana de derechos Humanos, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se presente en la cárcel venezolana donde López cumple condena y en la residencia de Ceballos, que tiene arresto domiciliario, para constatar "el estado de salud y de privación de libertad de ambos protegidos", informó El Tiempo.
El Tribunal subrayó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile no ha dado cumplimiento a la resolución, por lo que el requerimiento a la CIDH lo realizará directamente la Corte Suprema, rechazó un recurso del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que buscaba dejar sin efecto la sentencia de la Corte que acogió un recurso de protección a favor de los opositores venezolanos.
López fue condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión por la violencia en las protestas de 2014, y Ceballos, exalcalde de San Cristóbal (oeste), está acusado de delitos contra el Gobierno, indicó el Diario.
El recurso de protección inicial a los catalogados presos políticos fue presentado por dos ciudadanos chilenos en la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 25 de mayo pasado, cuando López y Ceballos estaban detenidos en dos cárceles venezolanas y habían iniciado una huelga de hambre.
López, fue sentenciado en noviembre a más de 13 años de prisión, que deberá cumplir en la cárcel de Ramo Verde en Caracas, capital de Venezuela, medida dictada por el Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas señalándolo como responsable de la comisión de los delitos de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir, por su participación en las protestas sociales que exigian la salidad del gobierno venezolano y dejaron como saldo 43 victimas mortales.
En junio de este año durante la Copa América en Chile, algunos asistentes venezolanos desplegaron pancartas de apoyo a los presos políticos.; por su parte el máximo tribunal chileno ha defendido su competencia en el caso y considera que en los casos de López y Ceballos puede actuar la jurisdicción universal protectora de los derechos humanos.
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