En Panamá cuando el fenómeno de El Niño se empiece a suavizar en Latinoamérica serán dos años los que cumpla el país atravesando una sequia histórica, lo que según especialistas les obliga a pensar en un nuevo ordenamiento jurídico y político de la economía nacional para gestionar el agua en el país.
Según La Estrella la Ministra de Ambiente de Panamá, Mirei Endara declaró que: 'La severidad de esta sequía solo puede ser comparada con los niveles que registró, según datos históricos, hace cien años. Nos esperan momentos críticos. Debemos actuar ya'. Los datos indican que las precipitaciones en la Cuenca del Canal de Panamá han disminuido en un 25% comparadas con el año pasado.
Los actuales niveles de los ríos se comparan con los del habitual final de la temporada seca, que es en el mes de abril. El país se encuentra en estado de emergencia decretado desde el mes de agosto para enfrentar los efectos de la sequía ocasionada por el fenómeno El Niño.
Panamá actualmente cuenta con tres afluentes de agua La de los ríos Bayano y Mamoní, en la provincia de Panamá; la de los ríos Tuira y Chucunaque en Darién; y la de los ríos Changuinola y Teribe en Bocas del Toro. La planificación del agua para el futuro de la economía y de los ecosistemas del país en el resto del siglo XXI va a depender esencialmente de lo que se haga con esas tres cuencas.
El Presidente de la República Juan Carlos Varela está considerando alguna forma de privatización del Lago Bayano, para utilizarlo de forma sostenible para beneficio de la ciudad de Panamá ya que según comentó El Universo el déficit de lluvia este año está golpeando a sectores agrícolas y ganaderos, lo que llevó a la Autoridad del Canal de Panamá a establecer restricciones al calado de los buques debido al bajo nivel de los lagos que abastecen la ruta.
Sin embargo, según autoridades sanitarias y ambientales los carnavales a realizarse las primeras semanas de febrero no serán suspendidos, pero sus juegos con agua no se celebrarán en todas las comunidades como consecuencia de la sequía.
'La ley nos deja claro que tenemos que garantizar primero el agua para consumo humano y luego para el campo agropecuario. Y así hemos iniciado el trabajo, pero todavía tenemos una ruta muy importante que definir', dijo al intervenir Javier Terrientes, ministro de Salud.
Como medida de contingencia el Gobierno ha invertido cerca de $30 millones en un plan preparativo, que ha incluido la perforación de pozos en algunas comunidades del interior del país y ordenado algunas rutas para blindar el sector agropecuario de una eventual crisis alimentaria.
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