El procedimiento se realizó en el Centro de Detención de Seúl, situado en la localidad de Uiwang, a unos 15 kilómetros al sur de la capital surcoreana. A petición de la defensa, la fiscalía optó por realizar sus interrogatorios en la prisión para evitar el despliegue de seguridad necesario si la exmandataria se desplaza hasta Seúl.
También, para evitarle a ella el trago de tener que acudir esposada y verse expuesta al gran número de enfervorizados simpatizantes y detractores que la siguen allá donde va. Las preguntas las realizó el fiscal Han Woong-jae, que ya fue el encargado de dirigir el primer interrogatorio al que se sometió Park hace un par de semanas.
Uno de los abogados del equipo legal de la expresidenta, Yoo Young-ha, estuvo también presente durante el proceso, en el que se cree que Park volvió a insistir en su inocencia, tal y como ha venido haciendo desde antes de perder su inmunidad presidencial por ratificación del Constitucional el pasado 10 de marzo.
Los fiscales se limitaron a indicar a medios surcoreanos que el procedimiento se llevó a cabo "con normalidad" sin añadir más detalles al respecto. A partir de la detención de Park el pasado 31 de marzo, la fiscalía dispone de 20 días de plazo -hasta el 19 de abril- para poder presentar cargos contra ella antes de que sea liberada.
En todo caso, los investigadores explicaron que no planean apurar este plazo y que prevén acusarla formalmente hacia el 15 de abril para intentar influir lo mínimo en la campaña para las próximas elecciones presidenciales, que arranca el 17 de este mes. Para ello, planean interrogar a la expresidenta dos o tres veces más en prisión antes de rematar sus pesquisas.
Tras perder su inmunidad, Park fue sometida a un primer interrogatorio de más de 20 horas el 21 de marzo y de nuevo debió responder durante nueves horas a las preguntas del tribunal de Seúl, que finalmente le concedió a la fiscalía una orden de prisión preventiva el pasado viernes.
Se espera que los fiscales presenten 13 cargos contra la expresidenta, entre los que destacan abuso de poder, coacción o soborno, un delito que Corea del Sur castiga con un mínimo de 10 años de cárcel y hasta cadena perpetua.
