La propuesta consiste en crear un servicio de transporte privado que funcione por medio de aplicaciones tecnológicas y que lleve a que se reglamenten los requisitos necesarios para los prestadores del servicio.
La iniciativa fue presentada por un grupo de ciudadanos, que contaron con la firma de 3'068.935 colombianos, y que tiene entre sus objetivos terminar con las diferencias entre el gremio de los taxistas y las compañías privadas, como Uber.
Antes de que se llevara a cabo la audiencia, una mayoría de los miembros de la Comisión radicó ponencia negativa del proyecto, solicitando su archivo sin debate.
Entre las consideraciones de los ponentes se encuentra la de la posibilidad de obstruir o restringir la libertad económica al condicionar la prestación del servicio privado pues se establece que "el servicio solo podrá ser prestado a través de la intermediación de Plataformas Tecnológicas que ofrecerán al usuario mayor seguridad, calidad en su servicio y pago a través de medios electrónicos." A su vez señalan que no hay claridad en el texto propuesto sobre la modalidad de transporte y que además el servicio privado de transporte ya está creado y reglamentado a través de la ley 336 de 1996.
Por su parte, los autores del proyecto plantean que la iniciativa busca la inclusión de nuevas tecnologías para la oferta y prestación de servicios en diferentes sectores, en especial el de transporte; fortalecer el modelo de economía colaborativa en el país; establecer las garantías constitucionales al usuario del servicio de transporte y lograr la implementación de estrategias innovadoras que generen beneficios para la ciudad.
La Superintendencia de Industria y Comercio emitió un concepto positivo sobre este proyecto de Ley al señalar que "exigir que las plataformas tecnológicas presten el servicio exclusivamente a las empresas de transporte y que no lo puedan hacer directamente a los usuarios, podría inhibir el desarrollo de innovaciones disruptivas que faciliten la solución de fallas del mercado" y que además "los prestadores de transporte privado deberían fijar libremente sus precios, con la obligación de informar de manera previa a los usuarios la tarifa que pretendan cobrar, de manera que estos puedan elegir libremente si contratan el servicio o no."
