El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, aprobó este miércoles la legislación HB 318, una polémica medida que afectará a los más de 350,000 inmigrantes indocumentados que se estima residen en el estado.
Las autoridades de Greensboro, la tercera ciudad más grande de Carolina del Norte, aprobaron hace una semana una resolución en la que rechazaban provisionalmente la nueva legislación que prohíbe la matrícula consular mexicana, restringe la validez de otras identificaciones para quienes no cuentan con estatus migratorio, veta las ciudades santuario y amplia el uso del sistema E-Verify (que verifica las autorizaciones para trabajar en el país). Sin embargo, fue en esta misma ciudad en la que este 28 de octubre McCrory convirtió en ley la controversial medida.
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"Los conceptos y las políticas de las ciudades santuario son contrarias a los juramentos que hicieron todos los funcionarios electos. Ningún político debe seleccionar qué leyes puede obedecer o no, y esto incluye a la inmigración. Los oficiales de policía deben ayudar a hacer cumplir nuestras leyes de inmigración", aseguró ayer McCrory durante la firma de la ley, según rescata la ABC News.
La nueva medida no sólo evita que las municipalidades locales puedan adoptar las llamadas políticas de las "ciudades santuario" para inmigrantes, sino que también promueve que los agentes del orden hagan cumplir la ley federal sobre inmigración y trabajo, y notifiquen a las autoridades federales de inmigración en caso de arrestar a un indocumentado.
Según rescata Fox News, el proyecto de ley aprobado este miércoles fue una de las medidas aprobadas en la Asamblea General durante la última sesión de este año. Se trata de una docena de proyectos que McCrory deberá firmar o vetar antes de la media noche de este viernes.
Comunidad latina protesta
Luego de hacerse oficial la firma de la nueva ley, organizaciones de derechos civiles y a favor de los derechos de los inmigrantes se congregaron en el Museo Internacional de Derechos Civiles de Greensboro, en donde criticaron la nueva medida.
"Fue un acto de soberbia, de provocación a nuestros funcionarios oficiales locales y a nuestra iniciativa de emitir identificaciones para los inmigrantes", explicó Dulce Ortiz, de la Casa Internacional FaithAction, según rescata La Opinión.
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