Grupos de derechos de inmigrantes han emitido un reporte detallando las condiciones en las que viven mujeres y niños en los centros de detención en los EEUU que han sido llamados "inhumanos" y "negligentes."
Para coincidir con el lanzamiento del reporte, titulado "Locking Up Family Values, Again," un llamado a la prensa que incluyó miembros de la Comisión de Mujeres de Refugiados (WRC) y los Servicios Luteranos de Inmigrantes y Refugiados (LIRS) discutió los mecanismos actuales y futuros de los centros de detención en los EEUU. Según la Directora del Programa de Derechos y Justicia para Migrantes del WRC, Michelle Brané, la administración del Presidente Barack Obama ha "dado marcha atrás" y "arbitrariamente" ha denido a madres y bebés en los centros.
"Es sorprendente que la administración Obama regresaría a usar detenciones familiares después de que la práctica había sido universalmente reconocida como inhumana y negativa para la salud y bienestar de los niños," dijo Brané en un comunicado. "Hemos observado demasiados incidentes de abuso y negligencia dentro de los centros que han resultado en traumas serio y seperación familiar. La detención familiar es inequivocamente inapropiada e innecesaria."
Brané agregó que la administración debería reformar sus políticas inmediatamente y cerrar todos los centros de detención y aplicar alternativas.
Según la Rep. Lucille Roybal-Allard, (D-CA), las mujeres detenidas han recibido peticiones de favores sexuales de parte de los guardias de los centros. Algunas de las mujeres, que huyeron de su país nativo debido a la violencia y abuso sexual, de nuevo son sometidas a abusos sexuales por parte de los guardias. Roybal-Allard dijo que la mayoría de las mujeres detenidas vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Roybal-Allard pidió que las víctimas de abuso sexual no sean deportadas para poder lidiar con las demandas de abuso sexual en los centros de detención, principalmente en el Centro Residencial del Condado de Karnes en Texas.
"Creemos que la detención no es apropiada," dijo Roybal-Allard, agregando que no tiene sentido para las mujeres que son víctimas de violencia y abusos sexuales. "Necesitamos dejar de tratarlas como criminales."
Brané reconoció que la administración Obama ha incrementado el número de camas para los detenidos a 1,200 camas con un "enorme costo" para el contribuyente. Hay planes para crear un nuevo centro de detención familiar en Dilley, Texas. Brané dijo que los primeros dos meses de operaciones del centro Dilley costaría al contribuyente $96 millones y $300 millones al año. Dijo que el Congreso debe ver cómo se usa el dinero del contribuyente en la detención de inmigrantes, y legisladores en Washington D.C. son capaces de detener la detención de familias y creación de nuevos centros.
La abogada de Fragomen Worldwide Rebecca van Uitert sirvió pro bono para las madres detenidas en Artesia, Nuevo México. Van Uitert dijo que las condiciones en Artesia han creado más trauma para las detenidas que sufrieron violencia y amenazas de muerte en sus países nativos. Dijo que una niña "temblorosa" perdió más de 10 libras en los primeros tres meses de ser detenidas y temía ser separada de su madre por un solo momento.
Liz Sweet de LIRS dijo que asesoramientos individualizados tienen que ser hechas para las mujeres detenidas y niños. La abogada del Proyecto Pro Bono Artesia de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, Christina Brown, agregó que las detenidas buscan protección en los EEUU a través del asilo pero se han encontrado con insuficiencias en las necesidades básicas en los centros. Brown dijo que el gobierno ha tratado de "deshacerse" de los casos de asilo a pesar de que son elegibles para permanecer en el país en base a leyes existentes.
Los resultados del reporte están basados en tours en los centros de detención Artesia y Karnes además de entrevistas en los centros con autoridades gubernamentales, familias detenidas y proveedores de servicios legales y sociales. El reporte recomendó el cierre de los centros Artesia, Karnes y Dilley, mejorar los procedimientos de revisión y revisar las políticas de altas o ninguna fianza para las familias detenidas.
