Desde octubre, Arturo Hernández ha buscado santuario en el sótano de una iglesia de la Primera Sociedad Unitaria de Denver, Colorado, después de huir de una amenaza de deportación.
La política de inmigración no permite a agentes entrar un lugar de culto para deportar a alguien a menos de que hayan cometido un crimen serio.
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Cuando buscaba santuario, Hernandez dijo, "Quiero que el público conozca mi caso. Hay tantas familias como la mía que han venido aquí a trabajar y buscar un futuro para nuestos hijos ... Somos parte de este país y no somos una amenaza."
Cuando el Presidente Obama anunció su acción ejecutiva para reformar la inmigración en noviembre, Hernánndez cumplió con los requerimientos. Originalmente de México, ha vivido y trabajado en Colorado por 15 años. Está casado, y su suegro es un ciudadano. Su suegra es residente, y tiene dos hijas de 9 y 15 años. No ha sido condenado de un crimen, pero ha sido amenazado con ser deportado de cualquier manera.
"Es difícil, frustrante. Pensé 'el programa ya llegó, sí califico,'" Hernández dijo a la AP.
Hernández enfrenta la deportación debido a un incidente cuando trabajó para una compañía de construcción en 2010. Un colega dijo haber sido atacado; Hernández fue arrestado, pero se le declaró inocente después de un juicio. Para entonces, las autoridades de inmigración fueron notificados de que estaba en el país ilegalmente bajo el programa Secure Communities.
El controvertido programa dependía de asociaciones con el orden público federal, estatal y local para consultar una base de datos centralizada si arrestan a un indocumentado. La persona entonces era detenida por 48 horas mientras ICE emitía una orden judicial. La agencia del Departamento de Seguridad Nacional fue usada para deportar a aquéllos con antecedentes penales, pero muchos otros también eran arrastrados por el programa, lo cual trajo caos a muchas familias. El programa fue poco popular con el orden público y muchos departamentos ahora públicamente rechazan el programa ya que los exponen a demandas por arrestos ilegales.
Tres miembros Demócratas de la delegación congresional de Colorado han pedido a autoridades de inmigración que no hagan nada mientras Hernandez apela su caso. Su esposa e hijas volaron a Washington el martes con otras familias inmigrantes que buscan refugio de ser deportados por ICE para pedir indulto.
"Es difícil porque siempre hemos estado juntos, pero ahora no estamos juntos," dijo su esposa, Ana Sauzameda.
El Reverendo Mike Morran de la Primera Sociedad Unitaria de Denver circuló peticiones que pide a ICE abandonar la deportación de Hernández y las entregó a la agencia. La junta directiva de la iglesia revisará el santuario de Hernandez en tres meses si no hay desarrollos.
