La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito se rehusó a remover un bloqueo temporal al plan de inmigración del Presidente Barack Obama que protegería a millones de indocumentados de la deportación.
En un largo fallo, la corte dio la razón a la corte de distrito de Texas que bloqueó la implementación del Presidente de la política de Acción Diferida para Padres de Americanos (DAPA). Veintiséis estados liderados por Texas demandaron a la administración Obama por las acciones ejecutivas. Los Jueces Jerry Smith y Jennifer Walker Elrod dieron la razón a los estados y negaron la petición del gobierno federal para que las acciones sigan adelante.
"Debido a que el gobierno probablemente no será exitoso en base a los méritos de su apelación del interdicto, negamos la moción," dice el fallo.
Las acciones ejecutivas darían a 4 millones de indocumentados un alivio temporal, protegiéndolos de la deportación y permitiéndoles obtener permisos de trabajo, entre otros documentos. El estado argumenta que el gobierno no tuvo la autoridad de implementar tales acciones por su cuenta.
Los estados tuvieron que cumplir con cuatro requisitos: "si el solicitante ha mostrado con fuerza que probablemente será exitoso en los méritos; si el solicitante será irreparablemente herido sin la estadía; si emitir la estadía dañará substancialmente a las otras partes interesadas en el procedimiento; y donde yace el interés público."
El panel dijo que los costos de dar licencias de manejo a indocumentados sería un daño muy grande a los estados e invalidó los argumentos del gobierno en su contra. El gobierno dijo que los beneficios de los ingresos tributarios y gastos sociales disminuidos compensarían los costos.
"Esa aproximación es apropiada, si los costos y beneficios son del mismo tipo y surgen de la misma transacción por que el demandante no ha sufrido daño real," dice el fallo, pero consideró el argumento de la administración irrelevante.
La mayoría concluyó: "El interés público favorece mantener el interdicto, e incluso si no fuese así, a la luz del hecho de que los tres primeros factores favorecen a los estados y de que el interdicto meramente mantiene el status quo mientras la corte considera el tema, una apelación de estadía no está justificada."
La única voz disidente del panel, el Juez Stephen Higginson, argumentó que los demandantes y la corte de distritó llamaron a la acción un programa que daría poderes legislativos a la administración. Sin embargo el Juez Higginson encontró que las acciones son una extensión del sistema actual.
Los inmigrantes afectados no fueron legalizados sino que se "convirtieron en una prioridad de deportación menor," lo que significa que aún pueden ser deportados pero no es tan imperativo como a criminales. La discreción, argumentó es del Departamento de Seguridad Nacional.
El Juez Higginson añadió que la corte de distrito no se enfocó en el memorando del Presidente "sino en un adorno del mismo puesto en contra de un imperativo percibido para removar a todos los inmigrantes ilegales."
Argumenta que la corte de distrito leyó mal la acción ejecutiva y disputa el reclamo de que la acciones legalizarían a inmigrantes ya que el Presidente Obama durante su administración ha deportado a una cantidad récord de personas.
"Las partes han ofrecido argumentos, pero a la fecha sin pruebas evidenciarias ni adversarias, no están de acuerdo sobre las consecuencias que podrían seguir a seguir el memorando del 20 de noviembre," escribió el Juez Higginson.
Concluyó que el gobierno federal debe decidir "el orden en el que los no-ciudadanos sin documentación deben ser removidos de los Estados Unidos."
"La naturaleza política de esta disputa está clara por los nombres en los expedientes," añadió en referencia a los legisladores y localidades, la mayoría de los cuales son Republicanos, quienes se unieron a los 26 estados originales.
En mayo, 113 legisladores Republicanos firmaron un amicus curiae en apoyo al caso contra la acción ejecutiva del Presidente Obama.
El Procurador General de Texas, Ken Paxton, quien representa a uno de los estados que demandan a la administración, dio la bienvenida a las noticias.
"La separación de poderes y controles y contrapesos es la ley, y esta decisión es una victoria para quienes estén comprometidos a preservar la ley en América," dijo en un comunicado.
"Decirle a extranjeros ilegales que ahora están legalmente presentes en este país, y darles valiosos beneficios del gobierno, es un cambio drástico a la política de inmigración. El intento del presidente de hacerlo por su cuenta, sin una ley aprobada por el Congreso y sin opiniones de los estados, es una notoria violación de la Constitución y leyes de los EEUU. Continuaremos luchando por la ilegalidad que se ha convertido en una característica de la Adminisitración Obama."
El Consejo Nacional de La Raza, un grupo de defensa Latino, también respondió a la decisión de la corte, criticando el fallo del panel en un comunicado.
"Aunque sin duda estamos decepcionados con el fallo de hoy, este no es el final del camino sino un atraso en lo que creemos será una eventual victoria," dijo Clarissa Martínez-De-Castro, VP adjunto, Oficina de Investigación, Defensa y Legislación, NCLR.
"Nuestra comunidad se mantiene firme en nuestro compromiso de mantener a familias trabajadoras unidas. No solo estas acciones ejecutivas traerán alivio a millones de familias americanas, están en el mejor interés de la economía y seguridad nacional del país."
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