First Posted: Nov 12, 2015 11:26 AM EST

El gobierno de España consideró ilegal la iniciativa que convertiría independiente a Cataluña, por lo que el miércoles inició los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 

El 9 de noviembre se había aprobado el texto para la resolución independentista de Cataluña, con 72 votos a favor y 63 en contra. De hecho, se había anunciado que en un plazo de un mes empezaría la tramitación de las leyes, de seguridad social y hacienda pública, que pusieran las bases de la nueva hipotética república catalana.

El pleno del Tribunal Constitucional admitió por unanimidad suspender la declaración independentista aprobada por el Parlamento, y advertir a la Mesa de la Cámara, al secretario y a los miembros del Gobierno que deben cumplir la decisión.

"El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Parlamento de Cataluña con el fin de que pueda personarse en el proceso y formular las alegaciones que considere convenientes, para lo que dispone de un plazo de diez días", dice el comunicado oficial del Tribunal Constitucional.

El Gobierno español presentó el miércoles ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la propuesta independentista aprobada el lunes por el Parlamento catalán.

"Esta mañana he reunido al Consejo de Ministros con carácter extraordinario para impugnar la resolución aprobada en el Parlamento de Cataluña", dijo el presidente Mariano Rajoy, en una conferencia minutos después de que fuera presentado el recurso.

"Presentamos este recurso como prueba más de un estado que cree en su leyes y que las defiende para que los españoles puedan seguir confiando en sus instituciones", explicó Rajoy.

"Estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, no solo los de los catalanes, pero muy especialmente los derechos de los ciudadanos catalanes. No se trata únicamente de la reacción ante la iniciativa de un parlamento, se trata de la defensa de todo un país", acotó.

Desde este momento, el tribunal tiene un plazo de cinco meses para dictar una nueva sentencia sobre el fondo del asunto, de la que será ponente el magistrado Andrés Ollero, del sector conservador, o deberá prorrogar la suspensión por un tiempo indefinido.

Ante la decisión, el Parlamento catalán cuenta con un plazo de diez días para presentar alegaciones después de personarse en el proceso.

Fuentes del tribunal consideraron que la decisión del Constitucional es "más templada" que la petición del Gobierno.

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