Los ministros y altos cargos económicos del Gobierno en Venezuela suspendieron su comparecencia ante la comisión especial de la Asamblea Nacional encargada de evaluar el decreto de emergencia económica aprobado por el Ejecutivo el 15 de enero por la inconformidad ante la presencia de medios de comunicación.
En declaraciones reproducidas por el Nuevo Herald el Presidente del Parlamento Henry Ramos Allup indicó: "Sostuve una conversación telefónica con el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, que manifestó que los ministros (...) no concurrirían a la sesión de esta tarde, donde deberían contestar las preguntas por escrito a los miembros de la comisión especial, si esa sesión la hacían pública con presencia de los medios", dijo Allup a los periodistas.
De igual forma el Presidente de la Asamblea explicó que la junta directiva de la Asamblea Nacional y los miembros de la comisión que evaluará el decreto de emergencia económica presentado por el Ejecutivo, se negaron a suspender la presencia de los medios considerándolo un acto de censura.
Ramos Allup afirmó de forma perspicaz que quizás las informaciones que tienen que dar al país son muy graves y malas, pero insistió en que el Gobierno no pueden negar la realidad de Venezuela.
Por su parte el vicepresidente del Gobierno Nacional Aristobulo Izturis declaró que La cancelación se debió a la negativa de ser sometidos a una "interpelación pública" en medio de un "show mediático" que podría "poner en riesgo" al país.
"Llamé al presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), le pedí que fuésemos lo más prudente en algunas materias que son trascendentes, que no podemos discutir públicamente porque arriesgamos al país y arriesgamos la condición de todos los venezolanos que se ven afectados", explicó Istúriz.
Según informa el Diario de las Américas La Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios Públicos y los Particulares ante la Asamblea Nacional establece que es una "obligación" con los ciudadanos de los cargos públicos acudir a estos llamados del Parlamento a las plenarias o discusiones.
A su vez una inasistencia injustificada puede atribuirle al funcionario entre 300 y 600 unidades tributarias de sanción, lo que equivale a 45.000 bolívares (7.142,8 o 225 dólares según las tasas de cambio) o 90.000 bolívares (14.285,7 o 450 dólares), e incluso pueden ser suspendidos de su cargo hasta tres meses sin goce del sueldo.
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