El Parlamento Venezolano inició el debate del polémico proyecto de ley de amnistía para presos políticos tras una encendida sesión parlamentaria donde se aprobó enviar el proyecto a la comisión de política interior de la cámara, para luego ser sometido a votación en las próximas semanas.
Del mismo modo el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup se pronunció a favor de formular una ley que recorte el periodo presidencial, indicando que un referendo revocatorio sería engorroso y dando por descartada una renuncia del jefe de Estado para un cambio de gobierno luego de 17 años de hegemonía política.
Como estrategia política para el cambio de Gobierno en Venezuela uno de los partidos opositores entregó al parlamento un proyecto de enmienda constitucional con ese fin, que incluye la propuesta de convocar a elecciones a fines de 2016.
De igual forma la Asamblea Nacional cuya representación es en su mayoría del sector opositor al gobierno avanzan para la promulgación de una ley de amnistía que busca liberar a unos 75 presos y beneficiar a personas que se han exiliado por su oposición al Gobierno de turno.
Según informó Entorno Inteligente el Mandatario Nacional Nicolás Maduro declaró se opone a la promulgación de esta ley aduciendo dejaría en impunidad las 43 muertes de las protestas del 2014 que buscaban sacarlo del poder, y por lo que el opositor Leopoldo López se encuentra condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia, asociación para delinquir y quema de edificios públicos.
El País reseñó las declaraciones de la diputada opositora Delsa Solórzano quien declaró "Después de 17 años de odio y división, debemos unirnos para salir de esta crisis. El clamor que tenemos los venezolanos es de unión, paz y reconciliación nacional, por ello es tan necesaria la aprobación de la amnistía", expresó en el hemiciclo.
Asimismo el Jefe de la bancada oficialista Hector Rodriguez aclaró que: "No la apoyamos porque es una ley que pretende generar impunidad, mediante la cual los victimarios buscan perdonarse a sí mismos".
Ante la divergencia de opiniones en los dos sectores políticos del país la Sala Constitucional es el más poderoso de los organismos del Tribunal Supremo de Justicia ( TSJ ), encargado de dirimir las disputas entre Ejecutivo y Legislativo, y al que la oposición acusa de parcializado a favor del oficialismo.
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