El gobierno de Enrique Peña Nieto habría utilizado sus influencias políticas en la embajada de España para salvar al ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, quien fue detenido el pasado 15 de enero en el Aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid.
De acuerdo con el diario español El País, el mismo día de su detención, funcionarios de la Embajada de México en Madrid, encabezada por Roberta Lajous, recibieron órdenes desde México para atender personalmente el caso del ex gobernador priista.
En el reportaje "Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira", el periodista José María Irujo reveló que la gestión de mayor nivel del Gobierno de México ocurrió el pasado 21 de enero, poco antes de que se llevara a cabo la audiencia de Moreira en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó su puesta en libertad.
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Ese día, la Procuradura Arely Gómez González telefoneó a su homóloga española, Consuelo Madrigal, para conocer la posición de los fiscales españoles que tienen el caso del ex mandatario. Madrigal contestó que el caso está bajo secreto sumario, por lo que no podía brindar ningún detalle sobre el mismo.
El País destaca que la negativa de respuesta de la UDEF a la PGR causó molestia en la embajada mexicana, ya que, a pesar de a pesar de contar con un historial de colaboración con los españoles en temas de justicia, no recibieron una notificación de la detención, como se hace de forma usual.
Antes, los funcionarios de la Embajada de México en Madrid recibieron órdenes de buscar a prestigiosos abogados españoles para que se hicieran cargo de la defensa de Humberto Moreira, y para que atendiera a su esposa, Vanessa Guerrero, y a sus dos hijas, quienes durante varios días se alojaron en el hotel Vincci Soho.
El diario español reveló que este hotel mantiene un convenio con la embajada y allí alojan a las autoridades mexicanas que visitan el país, por lo que la familia de Moreira recibió trató preferencial.
Además, funcionarios de la Sección Consular redactaron un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores español en el que amparándose en el artículo 36 de la Convención de Viena preguntaron al juez Pedraz aspectos relevantes de la investigación.
Este documento, destaca El País, solicitaba información oficial sobre los delitos por los cuales se investigaba a Moreira, el tiempo que duraría el secreto de sumario; el resultado de la audiencia celebrada el día 22 de enero; si fue decretada la prisión provisional o la libertad bajo fianza; y el tiempo que puede durar la instrucción del caso.
En respuesta, el juez ofreció una respuesta "estrictamente protocolaria" en la que no se facilitó ningún dato de la causa declarada secreta, según las fuentes judiciales consultadas por el diario español.
"El gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel", afirma el periodista José María Irujo en el reportaje.
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