Los grupos atiinmigrantes de Arizona se opusieron a la promulgación de la gobernadora Jan Rewer que dejará al descubierto mensajes entre los servidores públicos sobre el tema de los inmigrantes.
Según informó la agencia de información Associated Press la gobernadora Jan Rewer emitió la orden luego de que los grupos de protección y apoyo de inmigrantes demandaran ver los mensajes que intercambiaron los servidores públicos a partir del 2 de enero de 2005 con el fin de saber si los términos son utilizados de manera despectiva.
Los grupos de apoyo a inmigrantes se encuentran en contra de la ley SB 1070 promulgada en el 2010, y con la cual se han realizado cientos de deportaciones en todo el estado de Arizona en su mayoría de personas mexicanas.
Durante el falló omitido el pasado 11 de diciembre la juez federal, Susan Bolton, insistió que en Arizona existen leyes que permiten poner a disposición de la ciudadanía todo tipo de información de los servidores públicos.
"De hecho, la lay de Arizona pone a disposición del público todas estas comunicaciones con base en su ley de libertad de información", dijo la jueza federal.
De esta forma se dio la orden a los servidores públicos de recopilar todos sus documentos para presentarlos en cuanto sea necesario, en especial todas las cartas, notas, correos electrónicos y mensajes que contentan las palabras "hispanos", "mexicano", "indocumentados", "inmigrante", "jornaleros" e "ilegales" y que hayan sido intercambiadas por los legisladores.
Aunque la juez no dio una fecha exacta para dar a conocer los documentos los grupos opositores como la Immigration Reform Law Institute y la Federation For American Immigration Reform mostraron su rechazo a la iniciativa de la gobernadora de Arizona.
La gobernadora compartirá si los términos fueron utilizados de manera despectiva por parte de los legisladores pero los grupos antiinmigrantes no quieren que la información sea pública y el pasado 26 de diciembre presentaron su inconformidad ante la jueza Susan Bolton.
La petición de los grupos antiinmigrantes fue negada por parte de la jueza al rechazar el argumento de que toda clase de comunicación intercambiada por los legisladores era privada.
